Así lo pone de manifiesto el movimiento social de la discapacidad en un documento que recoge su contribución a la consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado.

 

De esta manera, el movimiento CERMI suscribe y acredita la “necesidad absoluta” de que España se dote de una legislación general sobre evaluación de la acción y las políticas públicas de las Administraciones, de la que carece en este momento, concebida como ordenación normativa de carácter general y de rango legal, que institucionalice y estructure integralmente los procesos de evaluación en las distintas Administraciones.

 

Según CERMI, tendría que tratarse de una Ley general aplicable y destinada a todas las Administraciones públicas, y que tuviera carácter básico. Asimismo, cree que tiene que definir “con precisión” la tarea de evaluación de políticas públicas, así como los principios generales inspiradores. 

 

También plantea el CERMI que se establezca con claridad el ámbito subjetivo (a juicio de CERMI, todas las Administraciones) y el objetivo, la acción y las políticas públicas que han de ser sometidas a este proceso de revisión sistemática, así como la fórmula en la que ha de realizarse esta tarea evaluadora.

 

Para la plataforma de la discapacidad, la nueva Ley ha de proclamar, definir y regular los efectos del principio de diálogo civil en el terreno de la evaluación de políticas públicas. En este sentido instan a que la evaluación sea “una actividad participada, abierta a la consulta, la escucha activa y el contraste con los grupos de interés cívicos para otorgarle consistencia, certeza y sostenibilidad”.

 

De la misma manera, para el CERMI esta legislación debe prever la “creación de una instancia fija e independiente”, a modo de autoridad de referencia encargada de la promoción, aplicación y seguimiento de la normativa, la cultura y la actividad evaluadora en este nivel de la Administración pública.

 

En este sentido, proponen que se trate de un Agencia Estatal, de conformidad con la regulación normativa de ese tipo de estructuras y organismos y que tenga presencia del Tercer Sector como expresión de la participación social en las tareas oficiales de evaluación.